De la gravedad de la situación política en España no todo el mundo parece ser consciente. Estamos viviendo un asalto a las instituciones democráticas por parte de un gobierno que, con tal de mantenerse en el poder, no solo pacta con los enemigos de España y su democracia, sino que pretende controlar el poder legislativo y también el judicial. Viene gobernando a espaldas del Parlamento mediante el decreto-ley (más de cien en lo que va de legislatura) y ahora pretende asaltar tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, organos donde pretende introducir a sus leales, en contra del criterio de la Unión Europea que fija la necesidad de que los jueces nombren a los jueces y no los gobiernos o los partidos.
La inaudita crisis constitucional desatada por el Gobierno de Sánchez no tiene precedentes en la historia democrática española.
Hoy mismo el Tribunal Constitucional discute entre fuertes tensiones sin frena al gobierno en sus intenciones de renovar el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que pretende llevar adelante esta misma tarde en el Congreso mediante sendas chapuzas leguleyas.
Mientras tanto, millones de ciudadanos, inconscientes de la gravedad de la actual crisis institucional, restringen sus compras navideñas ante la inflación desmedida de los alimentos y otros tantos no pueden encender sus calefacciones ante los precios desorbitados de la energía.