AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LOS MAYORES EN LAS RESIDENCIAS
Resulta vergonzoso que las CC.AA. no denuncien al Gobierno por la intolerable dejación de funciones que hizo en las Residencias de mayores durante la pandemia. Tampoco lo hacen los partidos de la oposición al considerarse implicados unos y otros en la violación de los derechos de los residentes que hoy denuncia Amnistía Internacional.
La desprotección y discriminación que han sufrido los mayores en las residencias españolas donde han muerto miles y miles de personas, constituye el hecho más sangrante, vergonzoso, trágico y turbio de la primera ola de la pandemia de coronavirus.
Se violaron los derechos a la salud, a la vida y a la no discriminación, dejándolos solos en sus habitaciones, abandonados a su suerte, al carecer los empleados de las residencias de medios de autoprotección.
La tragedia vivida en las residencias de mayores clama por una reparación justa y una depuración de responsabilidades, caiga quien caiga. Desde las entidades privadas y las Consejerías hasta el Gobierno que asumió el mando único con la consecuente responsabilidad política de la gestión de las residencias que recae directamente en el Vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
Un Pablo Iglesias a quien parece resultarle más divertido andar intentando derrocar el régimen constitucional del 78 que asumir sus responsabilidades con los mayores a quienes desprecia y discrimina, según algunas de sus declaraciones durante su trayectoria política.
Amnistía Internacional en su informe señala la falta de preparación y de gestión adecuada como factor determinante para explicar el caos, el desconcierto y los miles de muertos en las residencias de mayores.
El informe de Amnistía Internacional detalla los problemas que convirtieron los centros residenciales en focos de contagios y fallecimientos: ausencia de protección del personal, falta de recursos, negación de acceso a los hospitales donde los mayores podrían haber sido curados, aislamiento durante semanas enteras en sus habitaciones, incomunicados con el exterior y con sus familias, sin saber lo que sucedía fuera. Asustados también al ver con mascarillas al personal de los centros, sin que nadie les explicase nada.
Según Amnistía, las escasas medias adoptadas por el Gobierno de la nación resultaron ineficaces y desproporcionadas con la magnitud de la tragedia. Los cuidadores, sin medios de auto protección, tanto en las residencias públicas como en las privadas, se negaban a entrar en las habitaciones de los mayores enfermos para no resultar contagiados. No se les enviaba a los hospitales ni siquiera cuando presentaban dificultades para respirar.
Otras veces, se devolvían de los hospitales a las residencias cuando en los primeros se comprobaba que poco podían hacer para salvarlos de la muerte. Otras organizaciones de mayores acusan directamente al Gobierno de dejación en sus funciones de protección de los ancianos, que morían a miles desamparados en todas las residencias. Un auténtico genocidio encubierto.
A muchos de los familiares se les explicaba que la muerte se debía a fallos cardiacos o de otra índole, sin reconocer que el fallecimiento se había producido en origen por infección del coronavirus.
El Vicepresidente, Iglesias, se justificó achacando a la precariedad laboral y al carácter privado de muchas residencias españolas las muertes, malos tratos y carencia de auxilio en los centros. Sin embargo, el informe de Amnistía señala con claridad que el hecho de que las personas mayores vivan en residencias privadas, publicas o concertadas no disminuye de ninguna manera la obligación del Gobierno de garantizar la protección de sus derechos humanos. Prácticamente en las residencias públicas, privadas o concertadas se actúa con la misma profesionalidad e idénticos problemas. También fallaron, sin duda, todos los controles del Gobierno central y de las CC.AA.
Pero, sobre todo, la inhumana y equivocada negación de ingreso y asistencia médica en los hospitales a los mayores de las residencias, ha sido el factor decisivo, en gran número, de sus fallecimientos.
Conocido en su amplitud el informe de Amnistía Internacional, en mi opinión, no debieran quedar impunes aquellos que o no tomaron decisión alguna o quienes las tomaron de forma equivocada e ineficaz, provocando con ello la muerte de miles de mayores en la residencias públicas y privadas de toda España.
Todos los familiares de los mayores fallecidos por coronavirus en las residencias tienen derecho -y así lo exigen- a que se haga justicia teniendo en cuenta, entre otros, el reciente Informe de Amnistía Internacional.